Como partido aún en formación, los nacional libertarios tenemos el desafío ético de practicar en nuestra organización interna los principios que esperamos llevar al gobierno. La responsabilidad personal, la igualdad ante las reglas y los límites al ejercicio del poder deben expresarse también en nuestra manera de evaluar resultados y resolver conflictos. Debemos ser capaces de gobernar y también de actuar desde la oposición; en ambos casos, la credibilidad del proyecto comienza en casa. Una organización puede proclamar principios impecables y, sin embargo, erosionar su institucionalidad mediante arbitrariedades que terminan normalizándose cuando no existen mecanismos adecuados de corrección.
Las instituciones sólidas se construyen con reglas claras, pero también con experiencia. Ningún diseño inicial puede anticipar todos los problemas, ni quienes ocupan cargos disponen de toda la información necesaria para preverlos o resolverlos. Las personas y los procedimientos deben ponerse a prueba en la práctica, conservando aquello que funciona y corrigiendo aquello que falla. Ese aprendizaje exige identificar errores, asumirlos y rectificarlos: tres cosas a las que los egos políticos suelen resistirse de forma visceral y sistemática.
La clave de una institucionalidad legítima está en su carácter impersonal. Esto significa poder anticipar que una determinada situación será tratada de acuerdo con criterios conocidos y aplicables por igual a todos, “de capitán a paje”. Una de las grandes virtudes de instituciones sociales como el mercado, el lenguaje y el Estado de derecho es que permiten la cooperación entre personas que no necesitan estar siempre de acuerdo. Su continuidad tampoco debería depender de las intenciones, preferencias o virtudes particulares de determinados individuos.
Los conflictos de interés y los enfrentamientos personales son fenómenos inevitables en cualquier organización humana. Por tanto, el objetivo no puede ser eliminarlos, sino contar con una institucionalidad suficientemente sólida para que sus procedimientos reduzcan al máximo posible la discrecionalidad y la arbitrariedad.
Pienso que, además de tener funciones y objetivos definidos, todo cargo debe contar con mecanismos claros y expeditos de evaluación objetiva. El acceso a una posición de responsabilidad no debería convertirse en una oportunidad para atrincherarse y administrar indefinidamente una cuota de poder.
Si aspiramos a que nuestro país tenga un Estado mínimo pero eficiente, y a reducir al máximo la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder, debemos comenzar aplicando esos mismos criterios en nuestra propia organización. Esto supone ser capaces de poner término al ejercicio de un cargo con celeridad cuando corresponda, respetando procedimientos previamente establecidos, pero evitando al mismo tiempo una judicialización excesiva de cada conflicto interno.
La manera en que resolvamos estos problemas dará una medida de nuestra preparación para ejercer responsabilidades públicas. Antes de pedir confianza para gobernar, debemos demostrar que sabemos sostenerla internamente: aplicar reglas comunes, reconocer errores y resolver conflictos sin convertir cada diferencia en una lucha por la supervivencia política.
Tenemos por delante el desafío de transformar el ejercicio de los cargos públicos en una posición de servicio a la ciudadanía, y no de autoridad personal sobre los ciudadanos contribuyentes. No olvidemos que la autoridad legítima no emana del personalismo, sino del ejercicio limitado del poder conforme a reglas generales y del respeto irrestricto al Estado de derecho.