Nos hemos ido acostumbrando a una casta política que considera al Estado como una caja pagadora, capaz de solucionar todas la demandas con base a una creciente deuda pública.
Es un lugar común -muy cómodo para los políticos- quedar como defensores de la “justicia social”. Para ello echan mano a un sistema de distribución burocrático tan inmoral como corrupto. Caen con frecuencia en el simplismo -y el error- de ver en la redistribución la mejor -sino la única- manera de satisfacer las necesidades de la población.
Pero esta faceta, la del bien común y la ayuda social, no es lo que en realidad más los ocupa. En la búsqueda de gobernabilidad y permanencia, no dudan en usar la caja del Estado para apaciguar los ánimos de opositores y adherentes. Conciben la lealtad no como un principio, sino como un servicio temporal y condicionado. Consideran postergables los principios si se ven suficientemente recompensados monetariamente.
En la Araucanía, hemos sido testigos por décadas de cómo se ha comprado paz social mediante adquisiciones de tierras por Ley Indígena a costos exorbitantes, pagos a falsos exonerados y la insaciable contratación de funcionarios públicos a costa del bolsillo del contribuyente. Mientras tanto, en la región aumentaba la violencia, decaía la inversión y aumentaba la pobreza. Por eso, no deja de llamar la atención la total ausencia de “movimientos sociales” en las calles durante los cuatro años del gobierno del FA-PC, en un periodo en el que la cesantía y las dificultades económicas no dejaron de aumentar.
Me tocó vivir en Argentina durante algunos años, donde pude observar cómo el antro político del kirchnerismo sostenía una precaria paz social sujeta al pago sistemático a dirigentes sociales y sindicales, quienes a cambio mantenían a sus contingentes militantes lejos de las calles y dóciles al gobierno. Algo similar ocurre actualmente en Francia, donde la voracidad de la demanda estatal tiene a esa nación al borde de la quiebra social, institucional y económica.
Ese sistema institucionalizado de matonaje político se va consolidando con el tiempo, generando incentivos y redes de protección basados en la corrupción y la continua ordeña de los contribuyentes. Sin embargo, más allá de la inviabilidad económica de tales sistemas, la mayor gravedad de estas situaciones consiste en suponer que el Estado puede reemplazar al individuo en el ámbito de su responsabilidad moral.
Seamos claros: así como no es tarea ni atribución del Estado definir a qué debe dedicarse ni cuánto vale el trabajo de cada ciudadano, tampoco es su deber reemplazar al individuo en la regulación de sus conductas. Si lo primero fuera cierto, entonces la conducta delictual -por ejemplo- no sería responsabilidad del individuo, sino del Estado. Ergo, se vuelve ilegítimo para el Estado castigar al transgresor de la ley por actos propios que puede imputar al Estado. Este es el tipo de razonamiento disfuncional, victimista e infantilizante que ha introducido el “progresismo”.
Como nacional libertarios debemos entender que la paz social duradera es siempre consecuencia, primero, del progreso moral. Luego esto tiende hacia el progreso económico. No es al revés. Una sociedad de individuos libres, prósperos e independientes del poder político es el mejor antídoto contra una casta política extorsiva, y el mejor camino para construir una nación libre, prospera y soberana.