“Dejemos que las instituciones funcionen”. Esta fue una de las frases de manual empleadas sistemáticamente en los años noventa por la clase política. Durante un tiempo, efectivamente, las instituciones funcionaron relativamente bien en un marco apegado a derecho. Pero prontamente empezaron a funcionar no ya en base al derecho, sino en base a los acuerdos o dicho en chileno: arreglines. El caso sobresueldos en 2002 y el acuerdo político entre el entonces presidente Ricardo Lagos y el entonces timonel de la UDI, Pablo Longueira, inauguró la mala costumbre institucional de esconder la suciedad bajo la alfombra.
Este declive institucional y moral que ocurre en el Estado ocurre también dentro de los partidos políticos.
Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿Por qué las instituciones internas de un partido político dejan de funcionar correctamente y, sobre todo, de manera oportuna?
En principio, parece un problema meramente administrativo: decisiones que se retrasan, cargos que no cumplen su función, procedimientos que quedan inconclusos. Pero cuando esto se vuelve reiterativo, aparece un problema político mucho más serio: el debilitamiento de la propia capacidad del partido para autogestionarse.
Pero ¿por qué funcionaría mal una institución interna? Después de todo se supone que todos los militantes desean que el partido funcione con eficacia. Las explicaciones pueden ser muchas. Incompetencia, falta de experiencia, desorganización, conflictos personales, errores de diseño o disputas internas de poder. Pero al igual que un Estado o Gobierno, existe otra posibilidad que cualquier partido debería considerar seriamente: que la disfunción sea deliberada.
El mecanismo no requiere grandes conspiraciones ni operaciones espectaculares. Puede comenzar de manera bastante simple. Una persona ingresa a un partido político y obtiene un cargo o una posición desde la cual puede intervenir en su funcionamiento y, en lugar de fortalecer esa estructura, comienza a torpedearla. Las decisiones se retrasan, los procedimientos no avanzan o las responsabilidades se ejercen deficientemente. El resultado es una institución que formalmente existe, pero que en la práctica deja de cumplir la función para la cual fue creada.
Entonces ocurre algo políticamente relevante: el costo de esa disfunción comienza a recaer sobre la conducción.
En el caso de una directiva, un signo común de disfunción deliberada ocurre cuando los fines particulares se sobreponen al fin del colectivo, a los propósitos del partido mismo. Ya sea anestesiando el sustento ideológico o vaciando de contenido doctrinal la respectiva institución, el resultado es el mismo: todo se reduce a la formalidad electoral de corto plazo y la distribución de cargos entre los coludidos. Una disfunción personalista si se quiere en el resultado, pero disfunción al fin y al cabo.
Pero también una directiva funcional puede haber establecido procedimientos, solicitado informes, exigido que determinados órganos funcionen o intentado resolver un problema, pero si quienes se ofrecen como expertos ejecutores simplemente no gestionan, el resultado que verá la militancia será otro: su conclusión será “la directiva no hace nada, el partido no funciona”.
La situación descrita contiene una paradoja que merece atención: se genera el problema y posteriormente se utiliza ese mismo problema para desacreditar a quienes deben resolverlo. Una situación así puede beneficiar a grupos internos que buscan disputar el control del partido. Pero también puede beneficiar a partidos rivales. Esta segunda posibilidad no debería descartarse.
Un adversario no necesita conquistar la cúspide de la conducción nacional de un partido. Puede resultar mucho más eficaz conseguir que sus instituciones dejen de funcionar y que los conflictos se multipliquen. La captura puede comenzar mucho antes del control formal de altos cargos directivos.
Un partido puede conservar sus estatutos, sus elecciones, sus cargos y toda la apariencia institucional. Pero el poder efectivo ya estará en otra parte.